I.- INTRODUCCIÓN
¿Han leído ustedes MIAU de Benito Pérez Galdós? Seguro que en su época de bachiller si lo hicieron. Poco o nada ha cambiado la actual función pública con respecto a la que podemos ver en la obra de Galdós. Quizás la única diferencia, es que la de hoy, se ha multiplicado por 2, o por 3 o por 4. Pero incluso actualmente, el pobre Villaamil, hubiera conseguido antes el reingreso en cualquiera de las administraciones públicas del país.
Llevamos años viendo pleitos, artículos, libros, seminarios, cursos y cursillos, sobre los conflictos laborales en la administración pública, en cualquiera de sus entes u órganos. Letrados, catedráticos, asesores, etc…, comentando sentencias, normativa europea, detallando situaciones particulares de cientos y miles de interinos y de la función pública en general, pero sin dar ningún tipo de soluciones. Algunos ya declaran abiertamente que no hay solución. ¿Puede alguien en su sano juicio mantener que en un sistema de acceso a la función pública basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, interinos que llevan décadas en sus puestos de trabajo, que incluso llegan a jubilarse en esos puestos, no tienen capacidad para desempeñar el puesto que ocupa? ¿O mérito? ¿O no han accedido a esa plaza interina por un procedimiento inspirado por el principio de igualdad? ¿Entonces, que hacen en esos puestos de trabajo durante tantos años?
Nadie, absolutamente nadie, ha querido en este país atajar el problema anterior, no sé si por carecer de la valentía suficiente o simplemente porque no interesa. La siempre pendiente reforma de la función pública, se encuentra en la misma dinámica en la que lleva encallado este país en cuanto a la toma de decisiones en asuntos realmente importantes. Como si el simple paso del tiempo nos fuera a dar de forma mágica la solución. Lejos de dar la solución, lo que produce es el efecto de agrandar y engordar los problemas.
El exministro socialista Jordi Sevilla, hizo un intento de reforma de la función pública, craso error para él, no le dio tiempo ni a soportar el movimiento sindical dentro de la propia función pública. Hoy es urgente llevar a cabo una profunda reforma de la función pública en este país, no tengo certeza desde que lado político se llevará a cabo y si la misma se hará correctamente y sin complejos. Sí tengo claro que la derecha de este país sigue en sus esquemas funcionariales galdosianos, anclada en la época decimonónica y pensando en el mantra de que el funcionario es sinónimo de imparcialidad, objetividad y seguridad jurídica, esto último, en cierta manera también afecta a la izquierda, y no, no es del todo cierto ese dogma.
Fue Ángel Ganivet, quien en 1896 en su célebre obra “Idearium” puso el dedo en la llaga, tanto en este tema como en otros, corto pero excelso libro, que como bien mantuvo Unamuno, con el mismo, comenzó la histórica corriente del 98, en nuestro país. Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar ni publicar nada del tema. Declaraba Ganivet en su libro, entre otras lindezas, que hacía falta llevar a cabo una reforma del sistema de acceso a la función pública, sistema que a mi parecer nada se diferencia al que tenemos hoy. Ganivet, propugnaba en su libro como cambio más provechoso en dicha función pública, sustituir las oposiciones por lo que él llama el examen de “obras” de los aspirantes, es cierto que ni concreta ni desarrolla dicho sistema, solo expone que se deberá de “examinar el trabajo personal de cada aspirante y se apreciara la capacidad de cada uno y lo que es más importante, el servicio que de él podría esperar la nación, dado que en el sistema de oposiciones, como en las carreras de caballos, triunfa, no el que tiene más inteligencia sino el que tiene mejor resuello y patas más largas”.
La situación económica y social de este país, no puede permitirse un régimen funcionarial galdosiano y eso lo debe entender cualquier Gobierno que rija los designios de este país, sea del signo político que sea, así como todos los agentes sociales implicados, fundamentalmente en beneficio de la sociedad presente y futura. Todos deben tener alturas de miras en esta cuestión.
Nuestro sistema de acceso a la función pública es heredero del sistema administrativo francés que surge tras la revolución francesa. A nadie escapa que la implantación de un sistema basado en “pruebas objetivas e imparciales”, venía fundamentado en lograr que no fuera siempre la nobleza y sus herederos los que acapararan los puestos de trabajo en los distintos órganos de la administración pública, especialmente en las más altas escalas. Dicho sistema se vende desde entonces, como uno de los grandes avances de los gobiernos occidentales y de los sistemas democráticos que iban surgiendo. Difícilmente, al principio, lograrían ese fin que pretendían, hoy nadie duda que sí. Pero el objetivo en pleno siglo XXI no puede seguir siendo el mismo. Hoy con un sistema educativo, universal, libre y gratuito complementado de un sistema de ayudas al estudio, donde se posibilitan la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes, independientemente del estatus social de origen, el objetivo debe ser que los más altos puestos funcionariales en los distintos órganos de las administraciones públicas, estén ocupados por los mejores, y obviamente, los mejores no son los que pasan del absurdo y decimonónico sistema de oposiciones heredado.
Actualmente el sistema es muy ineficiente, solo hay que ver cómo desde la función pública se gestiona “lo público” y no siempre la culpa de ello la tienen los políticos, nosotros los funcionarios también tenemos gran parte de esa culpa. Hay gobiernos en el mundo, que cuentan con una administración pública mucho más eficiente que la española incluso que la de cualquier país europeo, como la de EEUU, donde desde las distintas administraciones a la hora de contratar piden un “curriculum vitae”, o hacen entrevistas a profesionales o expertos con dilatada experiencia a fin de contratarlos para ocupar puestos de relevancia. O sistemas como en el Reino Unido, donde a las anteriores, suman además pruebas de aptitud. Sin querer pretender hacer una alabanza del sistema anglosajón, igual pasa en este tema como siempre ha ocurrido con respecto a otros tantos, no sólo administrativos, sino también políticos, pero seguimos teniendo muchos complejos a la hora de reconocer y copiar lo que se hace bien en el mundo anglosajón.
A partir del minuto 1:50 el senador de EEUU les dice a los dirigente europeos durante la W.W. II , lo que piensa de ellos. Hoy la situación no ha cambiado mucho.
Es curioso que en España se de el efecto contrario a lo que ocurre en el mundo anglosajón, respecto a los puestos más altos en el funcionariado, mientras que en aquel, profesionales de dilatada experiencia, al final de su vida laboral aterrizan en entidades públicas donde aportan su experiencia y conocimiento para mejorar la gestión del servicio público, aquí en España, se produce un “Inside Out”, es decir, el joven o la joven, consigue su plaza, en el sistema de oposición memorística y masoquista de carácter plurianual, donde se han dejado años de su vida, ganando el premio a la constancia, y a los pocos años, sin más mérito que ese, por ejemplo, aterriza o bien ocupando cargo de relevancia en partido político, incluso de Ministro/Ministra, o en mega despachos profesionales haciendo Lobby, o en consejos de administración de bancos o empresas cotizadas. El efecto es demoledor para la sociedad civil, para esos bancos o para esas empresas, en el primer caso suelen ser más demoledores, pues tienen su repercusión inmediata en las decisiones políticas, los segundos casi ni se notan, porque siempre hay un BOE que palie sus efectos.
II.- EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Si estamos pensando en modernizar e implantar la administración electrónica hasta las últimas consecuencias, dicho sistema a todas luces es incompatible con mucha de la normativa administrativa en general y con la decimonónica normativa de la función pública en particular. Es obvio que la implantación de dicha administración electrónica va a afectar, ya lo está haciendo, a los puestos de trabajo más bajos en la escala. Si implantamos la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas, los notificadores tienen sus días contados, igual va a pasar con la implantación de los expedientes administrativos electrónicos y con los auxiliares administrativos y administrativos, puesto que la eliminación del papel y la automatización de los expedientes con la administración electrónica dejan a esas categorías de funcionarios tocados de muerte. No quiere decir que no vayan a ser necesarios, pero lo serán en un número muy inferior y cada vez menos necesarios. No puede ser que estemos demorando cada vez más esa transición tecnológica y mientras tanto no paremos de convocar oposiciones de categorías profesionales claramente a extinguir.
En cuanto a los puestos de funcionarios reservados a los grupos A1-A2, según tengo entendido, por lo menos en el ámbito local, letrados, tesoreros, interventores, arquitectos, etc…, en EEUU, “entran y salen” con los distintos equipos de gobierno, es decir, pueden obtener tu plaza, pero si eres bueno en tu trabajo, te rifarán los equipos de gobierno, indistintamente de su signo político, si eres malo, te quedarás con el premio de consolación, tu título colgado en la pared de tu casa.
El sistema que propugno y defiendo para nuestra función pública, parte de un principio básico, la administración pública, no puede ser algo lejano al ciudadano o de difícil acceso, no puede estar al margen de la sociedad civil, sino formar parte de ella, ni ser en ciertas esferas un club de difícil acceso. Además de establecer un requisito mínimo de accesibilidad obligatorio, consistente en demostrar X años en el ámbito privado, hay que lograr que esa conexión pública-privada sea posible y sinceramente pienso que tendría efectos buenos para todos. Hay que acabar con la concepción de que haya personas que vayan a distintos organismo públicos y parezcan que están siendo tratando por seres de otra galaxia, esa percepción no es algo exclusivo del antiguo régimen, esa percepción sigue ocurriendo hoy.
Otra cosa que está pasando hoy y contra la que nadie actúa es el mantenimiento en la administración pública de auténticos “cotos privados”, por ejemplo, el de los habilitados nacionales, me explico: La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en virtud de lo que se expone en su artículo 311,contempla la posibilidad de acceso a plazas de Magistrado para juristas de reconocida competencia con más diez años de ejercicio profesional, así como también para los secretarios judiciales (ahora denominados letrados de la administración de justicia), una vez que superen el correspondiente curso de formación. De esa manera, se posibilita en el ámbito de la justicia, profesionales de reconocido prestigio, competencia y años trabajando en ese ámbito, puedan optar a cubrir alguna plaza de las que se convocan para Magistrado, aportando su indudable experiencia y formación.
En el ámbito de los funcionarios públicos de habilitación nacional que prestan sus servicios en la administración local, no existe la anterior posibilidad. Aun siendo todos los gobernantes conocedores del enorme déficit de funcionarios de habilitación nacional en los distintos municipios del país, no es lógico, que teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios grupo A1 que en calidad de técnicos de administración general o administración especial prestan sus funciones en las distintas áreas municipales de ayuntamiento de este país, no se le faciliten un sistema como el previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, para que funcionarios de reconocido prestigio puedan acceder a ocupar plazas de Magistrado. Simplemente se trataría de reservar plazas de las que se convocan para cubrir plazas de funcionarios de habilitación nacional, a fin de que se le dé la opción a dichos funcionarios TAG o TAE con varios años de experiencia, para puedan ocuparlas tras la superación del oportuno concurso, máxime cuanto conforme a los años que llevan de servicio en las distintas entidades locales pueden aportar una valiosa experiencia al desarrollo de dichos puestos reservados para funcionarios de habilitación nacional que a día de hoy solo pueden ser ocupados por quienes superen el sistema de oposiciones y accedan por primera vez a la función pública.
En muchos ámbitos de las administraciones públicas ya se producen ese tipo de reservas, no solo la indicada, por ejemplo también se hace en las convocatorias de ofertas públicas de empleo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado plazas para soldados que quieran opositar a dichos puestos.
III.- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
Es el ámbito territorial donde más pluralidad de problemas hay debido a la diversidad de plazas de funcionarios que van desde las más problemáticas como las de educación y la sanidad, a otras tantas como son el resto de consejerías o empresas públicas. Tanto en la educación como en la sanidad, el problema de los interinos es cada vez más grande, sistemas de acceso plurianuales que parecen no terminar nunca, desde que se empieza hasta que se terminan o se adjudican la plazas. Todos saben que uno de los problemas en la calidad del servicio sanitario es la precariedad en las plazas de su personal, paradojas de la vida, porque precisamente esa estabilidad en otras plazas funcionariales de distinto ámbito es precisamente la fuente principal generadora de problemas.
Es urgente desarrollar un sistema de facilite la posibilidad de incorporar y/o promocionar a funcionarios de las entidades locales a las entidades autonómicas. Al igual que se hace necesario reglamentar un sistema que posibilite de manera ágil la permuta entre funcionarios entre distintas autonomías. También entre un funcionario de igual naturaleza, que preste sus servicios en una entidad local y otro en una entidad autonómica, o incluso estatal. No puede ser que la administración autonómica tenga el sistema de acceso a la función pública que tiene actualmente, descrito al principio, donde cualquier joven opositor/opositora que se empolle bien un temario, lo tengamos ocupando unos ínclitos puestos de responsabilidad, sobre todo en cuanto a los servicios técnicos de cualquier consejería se refiere. Por regla general le llevan a actuar como cuando antiguamente te paraba el agente de tráfico con ganas de multarte, y al final lógicamente te ibas con la multa. Lo más práctico y común, es que los informes sean negativos, -“así no me pasará nada”-, a sabiendas o no, del efecto que el mismo tiene para comunidad autónoma, para el municipio o para la sociedad o economía en general. En la provincia de Granada sabemos de esas cosas, son muchos los casos paradigmáticos que podrían ilustrar ese supuesto. De esa manera la mayoría de las veces la clase funcionarial junto con los “productores” legislativos, consigue por ejemplo, que la aprobación de Planes Generales ya sea una causa imposible en cualquier CCAA de España o que cualquier implantación que dependa de ellos se eternice en el tiempo:
https://www.ideal.es/granada/costa/verde-darsena-deportiva-20210329181425-nt.html
Había un alcalde en la localidad de Almuñécar –Granada- que era célebre por sus actuaciones poco ortodoxas, fuera de lo común, irregulares, o según la Junta de Andalucía, serían más bien, ilegales. La realidad es que ese alcalde, jamás pisó la cárcel y pocas veces leí que la Junta de Andalucía le ganara un pleito en vía Administrativa, todo lo contrario, no hacían nada más que el ridículo, pleito tras pleito. Desde la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Consejería de la Junta de Andalucía en Granada, le paraban todas las actuaciones urbanísticas que aprobaba o iniciaba, absolutamente todo. Prácticamente, todos los pleitos los ganaba. Como experto en materia urbanística que soy, y lector de todas las noticias que iban saliendo en su tiempo puedo decir que los informes de la Delegación eran auténticas aberraciones jurídicas, por supuesto perdían los pleitos. En plan de sorna, en la costa de Granada llevábamos el tanteo como si resultados deportivos fueran, de los pleitos que ganaba, -Benavides 5 Junta de Andalucía 0, Benavides 8 Junta de Andalucía 0, y así hasta el infinito. ¿Pero todo eso, a qué precio? ¿Cuándo pierde la sociedad en eso? Aquí les dejo un ejemplo una historia de años:
Sí los funcionarios de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, hubieran entrado no por oposición, sino por concurso y con acreditación previa de al menos 20 años en la administración local o en el ámbito privado, estoy convencido que no hubieran pasado esas cosas. O esta otra que nos ha costado a los andaluces la friolera de 200 millones de euros, por culpa de funcionarios con exceso de celo profesional y políticos quizá sin el conocimiento debido, pero con más responsabilidad de la merecida:
La próxima reforma de la función pública que venga debe de priorizar en la posibilidad de promocionar a los funcionarios de la administración local a la autonómica, y al concurso sobre la oposición, y la experiencia en el ámbito privado sobre cursos, seminarios y “titulitis” en general, cuyo mejor fin no de ser útil para acceder a una plaza de funcionario sino para decorar las elegantes paredes de las viviendas de las abuelas.
Otra cosa bien distintas dentro de la esfera autonómica, son las referentes al resto de organismos públicos que también dependen de las autonomías, como son las universidades o la sanidad pública, ambas tienen una patología en común, de sobra conocida, la endogamia, aunque no sea la única. Tenemos un sistema administrativo que produce efectos tan dispares como los siguientes que se describen a continuación, los profesores universitarios que adquieren plaza, son los que quieren, como quieren y cuando quieren, los catedráticos, no hay más, cada candidato sabe que su suerte queda encomendada a determinado corifeo de la institución correspondiente. Por otro lado, en cuanto a las plazas de profesores asociados, concebidas para profesionales con años de experiencia que quieran fuera de su horario profesional a cambio de una módica retribución aportar su conocimiento práctico a la docencia teórica, se las adjudican mayormente a jóvenes “súbditos”, que no han trabajado en su vida y que se sitúan bajo el paraguas de los endogámicos departamentos, luego venden públicamente que están muy mal pagados y que tienen contratos en precario. Lo peor es que hasta la prensa se hace eco de la supuesta «injusticia». Nadie denuncia a unos ni a otros por estar utilizando de forma fraudulenta esa tipología contractual. Parecido ocurre en los hospitales públicos, donde los jefes de servicio deciden quienes se quedan contratados en los distintos servicios. Es muy triste ver como hay médicos con 20 o 30 años de experiencia en sus espaldas en hospitales regionales de localidades de provincia sin posibilidad de trasladarse a hospitales de las capitales, simplemente porque los jefes de servicio prefieren a “jóvenes” recién terminada la “residencia” para hacer con ellos lo que no pueden hacer si estuvieran los indicados primeramente. Al final perdemos todos, porque nuevamente, lo mejores no están en los puestos que les corresponden. Igualmente estamos hartos de ver el problema de la contratación indefinida de personal de enfermería o auxiliares que encadenan contratos temporales o de interinidades años tras años y nadie arregla el problema, igual el problema es el régimen jurídico sobre el que se fundamenta todo ese sector, pero ni tan siquiera nadie se lo plantea. Eso sí, luego machacaremos a un alcalde de pueblo por utilizar un contrato menor para comprar papel higiénico para las oficinas municipales en la droguería del vecino del pueblo o lo mantendremos cinco o diez años en el purgatorio de un procedimiento penal por contratar a cinco o seis padres de familia para que limpien las calles y jardines del pueblo los cuatro días que le faltan días para cobrar el subsidio, termine o no condenado, la pena ya la ha sufrido. Paradojas de nuestro sistema administrativo.
IV.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Hay que imponer un sistema donde se priorice la posibilidad de que los funcionarios de la administración local y autonómica tengan acceso a ocupar puestos de trabajo en la Administración del Estado, compatibilizándolo con la posibilidad de que profesionales de reconocido prestigio con años de experiencia en el ámbito privado puedan ocupar puestos de alta responsabilidad dentro de la estructura funcionarial del Estado. Se trata de revertir el esquema “inside out” que está pasando actualmente y he descrito anteriormente.
La Administración Pública no puede renunciar a la extraordinaria valía, formación y preparación de magníficos profesionales del sector privado que pueden aportar una valiosísima experiencia y formación y trabajo al ámbito público en sus últimos años de vida laboral. Podría ser un aprovechamiento extraordinario, tanto para el sector público como para el privado.
Actualmente hay instituciones como Catastro, Confederaciones Hidrográficas, etc…, que no tienen la agilidad y funcionalidad propia del siglo XXI, parecen instituciones galdosianas, y eso no puede ser, porque al final perdemos todos. Hay que priorizar no sólo en dar medios técnicos, sino también en profundizar en el régimen jurídico de su personal y eso no significa ir en detrimento de su imparcialidad y objetividad, eso a estas alturas, ya no se lo cree nadie. Lo que se ve en los últimos años es demencial, cuando observas miles de funcionarios en esas instituciones tardando meses y años en evacuar informes, por supuesto negativos, y contratando consultoras externas, tras años de procedimientos, para que les hagan el trabajo y los informes a los funcionarios, absolutamente demencial.
Otro de los sectores que está de moda es el judicial, complicado por la importancia que tiene. Lucha política encarnizada la que se libra hoy en ese campo de batalla en atención a dirimir cual es la mejor forma para la elección de sus órganos de gobierno. Por un lado los que defienden la elección de los miembros del CGPJ desde las Cortes, por otro los que defienden su elección directa entre los propios miembros de la judicatura. Parece que en este ámbito todo es pulcro, objetivo, imparcial, etc…, pero también se ven casos como estos:
«Vergonzosa arbitrariedad»: El magistrado José Ramón Chaves arremete contra el CGPJ por descartar su nombramiento
A lo mejor también hace falta repensar la forma de acceso a la carrera judicial desde su base, y quizás potenciar el acceso desde el denominado cuarto turno, posibilitando el aupar a profesionales de la abogacía con dilatada experiencia a los órganos judiciales.
En definitiva, no tengo la solución mágica al problema de la función pública en España, en todas y cada uno de sus estamentos, pero a nadie escapa que tenemos un problema en pleno siglo XXI. La única manera de resolver el problema, es siendo consciente de que el mismo existe. Quizá se hace necesario hacer, desde fuera de la propia administración, y a gran escala un verdadero análisis DAFO o una DUE Diligence sobre la función pública hoy en España en general y de su forma de acceso en particular, no se puede perder más tiempo, y por supuesto no fijándonos en los sistemas más ineficientes, sino en los más eficientes.
CONCLUSIÓN
No podemos estar pensando en la modernización de la administración pública y en la implantación a todos los efectos de la administración electrónica y seguir demorando lo inevitable por falta de recursos y continuar además con la decimonónica normativa de la función pública, porque dentro de unos años, intentaremos implantar la administración 1000.0, y seguiremos igual.
El Gobierno que quiera y pretenda acometer las reformas, si quiere garantizarse el éxito tendrá que tener la valentía de realizarla desde fuera, no dirigirla con los propios funcionarios que estén dentro.
Personalmente, yo defiendo una reforma de la función pública piramidal, territorialmente, de abajo hacia arriba, donde se facilite y posibilite el acceso de los funcionarios de administración local a la administración autonómica y estatal, y se facilite el acceso de los funcionarios de administración autonómica a la estatal.
Defiendo una reforma de la función pública donde se conecte más a la sociedad civil, profesional y empresarial con la administración pública, a fin de que se aprovechen las sinergias de todos los implicados. Hoy la administración pública, emulando a las grandes empresas de servicios, dificultan más cada vez el acceso al ciudadano, éste cada vez lo tiene más difícil, incluso para contactar vía telefónica, extremo que deviene imposible en determinados ayuntamientos, no digamos ya a cualquier oficina de comunidad autónoma, imposible si es del Estado.
Hay que arbitrar un sistema que facilite el acceso a la función pública de profesionales de reconocido prestigio en sus distintos ámbitos laborales, como ocurre en el servicio público anglosajón.
En muchos ámbitos distintos de los multitudinarios como educación o sanidad, defiendo una reforma de la función pública donde no se priorice la oposición como forma de acceso, sino el concurso con la experiencia previa en el ámbito privado fundamentalmente para ocupar puestos de determinada responsabilidad. Y en los ámbitos públicos señalados de la sanidad y la educación, dar una solución definitiva a los miles de interinos y contratados de larga duración que han demostrado de sobra su mérito y capacidad para desarrollar su trabajo, simplemente porque si no hubiera sido así, hubieran sido despedidos. Solucionar de una vez el problema generando una cobertura legal a convocatorias extraordinarias de concursos donde el único criterio sea la experiencia previa y así terminar de una vez con el problema. Y en cuanto a las sucesivas, desde la singularidad de esos puestos de trabajo analizar e identificar realmente cual es el mejor sistema de acceso, eliminar la burocracia que produzca meses y años de espera para ocupar la plaza obtenida, y una formación y evaluación permanente y constante de esos profesionales.
Defiendo una reforma de la función pública donde no se conciban a los distintos entes públicos como compartimentos estancos y se facilite la movilidad funcionarial entre ellos, dando igual el nivel territorial del que se trate, siempre que estemos ante plazas de similar o igual naturaleza jurídica.
Llevo más de veinte años en la función pública, he visto de todo, y hoy mantengo que si hay algo realmente nefasto en nuestro país es el sistema de acceso a la administración pública y más para determinados puestos, principalmente en los correspondientes al grupo A1. Mantengo que el aprobar una oposición es un premio a la constancia, pero no a la capacidad, esa hay que demostrarla día a día, y hay quienes no lo logran en toda su vida laboral, aunque sean los menos, son lo que más se hacen notar y los efectos en el ente público donde tengan la plaza de por vida pueden ser demoledores.
GRANADA A 4 DE ABRIL DE 2021
ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO
Antonio Gutiérrez Alonso 
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